El reciente asilo concedido por Brasil a Nadine Heredia, ex primera dama de Perú, tras su condena por lavado de activos, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial peruano y la aparente facilidad con la que figuras políticas eluden la justicia.
El 15 de abril de 2025, un tribunal peruano sentenció a Heredia y a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, a 15 años de prisión por recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez durante sus campañas electorales de 2006 y 2011. Mientras Humala fue detenido inmediatamente, Heredia solicitó asilo en la embajada de Brasil en Lima y, tras obtener un salvoconducto, abandonó el país junto a su hijo en una aeronave oficial brasileña .
Este episodio pone en evidencia las debilidades del sistema judicial peruano y la falta de mecanismos efectivos para prevenir la fuga de condenados por corrupción. La rapidez con la que Heredia obtuvo asilo y abandonó el país sugiere una coordinación política que trasciende las fronteras nacionales, y plantea interrogantes sobre la voluntad real de combatir la corrupción en la región.
La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de otorgar asilo a Heredia ha sido interpretada por muchos como un acto de solidaridad política más que una medida basada en principios jurídicos. Esta acción podría sentar un precedente peligroso, donde las afinidades ideológicas se anteponen a la justicia y la rendición de cuentas.
En Perú, la fuga de Heredia ha reavivado el debate sobre la impunidad y la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial. La ciudadanía observa con escepticismo cómo figuras políticas condenadas por corrupción logran evadir la justicia, mientras que el ciudadano común enfrenta todo el peso de la ley por delitos menores.
Este caso también refleja una tendencia preocupante en América Latina, donde la corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos significativos para el desarrollo democrático y el fortalecimiento del estado de derecho. La cooperación entre países para proteger a figuras políticas condenadas socava los esfuerzos regionales por combatir la corrupción y promover la transparencia.
En conclusión, el asilo concedido a Nadine Heredia no solo representa una burla a la justicia peruana, sino que también evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos internacionales de cooperación judicial y de establecer normas claras que impidan el uso del asilo político como herramienta para evadir la rendición de cuentas.